Concentrar poder mientras aumenta la pobreza
Miércoles, 24 de Junio de 2009 14:07
Desde el 2002 el modelo industrialista ha justificado meter la mano por todos lados en la economía pero en materia distributiva estamos peor que en la década del 90, mucho peor que en los 70 y estamos nuevamente empeorando. Las mejoras distributivas desde el 2002 tuvieron mucho que ver con la crisis profunda que se toma como punto de partida y la situación internacional favorable que la siguió.
¿Dónde están entonces las bondades distributivas de este modelo?
El industrialismo, definido como el modelo económico que a través de múltiples formas de intervención privilegia el desarrollo industrial sin importar su eficiencia, ha sido históricamente el modelo económico del populismo latinoamericano. La asociación entre populismo e industrialismo deviene de la supuesta capacidad del desarrollo industrial para mejorar la distribución del ingreso.
El populismo privilegia el desarrollo industrial porque supuestamente da empleo y beneficia a los pobres y condena a los demás sectores especialmente al campo, pues serían sectores que generan rentas para los ricos. Este modelo pseudo industrial exige que el sector agropecuario pague retenciones a la exportación para que, supuestamente, haya alimentos baratos que aumenten el salario real y las masas urbanas tengan mayor capacidad de compra.
También exige que se graven las exportaciones de energía y otros insumos industriales, para que la industria tenga costos bajos(una forma encubierta de subsidios). Exige que se controle el sector financiero, para que haya financiamiento barato de la industria y del consumo de bienes industriales. También controla las tarifas de servicios esenciales para evitar la reducción del salario real pero, al igual que el IVA con signo contrario, incide de la misma manera sobre todos los sectores sociales.
En definitiva, el industrialismo es el brazo económico de la discriminación populista, de esa forma de hacer política que divide a las sociedades entre los buenos (los pobres) y los malos (los ricos), entre los supuestamente productivos (la industria) y los supuestamente rentistas parasitarios (el agro, el comercio y los servicios).
El crecimiento de la economía argentina desde el 2002 no es demostración de las bondades de un modelo, sino una repetición de un golpe de suerte con los precios de nuestras materias primas (el tan mentado viento de cola). Sin embargo estas políticas no sirven para mejorar la distribución del ingreso ya que, si bien las retenciones abaratan los alimentos, esto beneficia por igual a los consumidores de menores ingresos y a las familias urbanas de ingresos medios y altos, a la vez que su impacto negativo no se limita a los grandes terratenientes sino que incluye a los pequeños propietarios y a los pobres rurales cuyos ingresos dependen directa o indirectamente de la producción agropecuaria.
El gasto social que se financia con las retenciones se dilapida, en buena parte, en clientelas urbanas que no son los únicos pobres. La protección industrial no necesariamente significa más empleo y más salarios para mano de obra poco calificada, sino mayores salarios y empleo de trabajadores calificados y rentas cuasi monopólicas de sectores protegidos que utilizan intensivamente bienes de capital.
Los subsidios públicos se dirigen a subsidiar el precio de la energía y el transporte que es masivamente consumida por poblaciones urbanas de ingresos medios y altos.
Mientras tanto, el Gobierno hizo poco y nada por las pymes. Las castigó impositivamente y el crédito del Banco de la Nación Argentina sigue concentrado en los grandes clientes. No hay un mercado de capitales al que puedan recurrir las pymes, cuya única forma de financiación es la evasión impositiva y la venta anticipada de valores.
Durante este período, en la gran mayoría de los casos, no se han producido grandes inversiones que asegurasen eficiencia, productividad y competitividad a nivel internacional sino una recuperación de la capacidad instalada y no utilizada de industrias ya establecidas que en la década del 90 se habían desactivado, todo esto apoyado en mano de obra abaratada por la devaluación y subsidios encubiertos.
Pero en los últimos ocho meses se modificó totalmente el panorama. Cuando en el ambiente empresario se habla de la Anses, ya nadie piensa en los jubilados, actuales o futuros. La referencia apunta al nuevo socio forzoso que el gobierno kirchnerista ha impuesto en una treintena de compañías de primera línea, o bien a los recursos que este organismo distribuye discrecionalmente por órdenes directas de la residencia de Olivos. Todo bajo el difuso argumento de que la crisis global justifica la intervención directa del Estado en la economía, sin otras reglas que los cambiantes discursos oficiales o el grado de cercanía o lejanía de las empresas de los despachos gubernamentales.
Nunca se había planteado esa posibilidad cuando se trató la ley de necesidad y urgencia fiscal que expropió los ahorros de los futuros jubilados. Ni mucho menos que ahora vendría otra vuelta de tuerca, con el nombramiento de síndicos de la Sigen bajo el argumento de que se trata de compañías con participación estatal.
Inicialmente este detalle “se le pasó de largo” tanto al oficialismo como a la fracción de la oposición que vio con buenos ojos la vuelta al sistema estatal de jubilación por considerarlo más solidario y menos individualista que el sistema privado. Aquí se abre una controversia jurídica: reconocidos abogados sostienen que la intervención de la Sigen sólo es aplicable a empresas con mayoría estatal, mientras que funcionarios oficiales rescatan antecedentes en sentido contrario.
Pero el revuelo empresario tiene una raíz político-ideológica más profunda: el Gobierno se está infiltrando en los directorios de empresas privadas sin que hasta ahora nadie pueda precisar por qué o para qué (aunque en un principio exista la sospecha de que se busca “acomodar” con sueldos bastante “jugosos” a un grupo de amigos del poder, sindicalistas a los que es necesario cooptar, etc.
Nadie tampoco se aventura a suponer qué ocurriría si no fueran coincidentes las decisiones políticas de directores privados y estatales. Para alentar más escozores, la funcionaria número 2 de la Sigen fue asesora de Cristina Kirchner y es esposa de uno de los directores estatales del Banco Hipotecario.
En lo inmediato, la novedad política es que varias entidades empresarias comenzaron a poner distancia con el Gobierno al plantear públicamente inquietudes que antes confesaban en privado. Cuando embisten contra Hugo Chávez por las nacionalizaciones del grupo Techint critican por elevación al matrimonio Kirchner; no sólo por su implícito aval ante ese caso, sino por su creciente intervencionismo con decisiones sinuosas y sorpresivas
Con una ley que burlaron, esquivaron y limitaron todo lo que pudieron, utilizando los llamados superpoderes para manejar el presupuesto nacional a su antojo, los Kirchner pretenden entrometerse aún más en las empresas privadas colocando síndicos de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en las compañías en las que ya ubicaron directores aprovechando la sumatoria de las acciones que tenían las AFJP y ahora pasaron a manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Hay alguna confusión acerca del rol que cumplirían esos funcionarios.
La ley 24.156, de administración financiera, es la que rige la forma, precisamente, de administrar todos los organismos públicos y también las empresas en las que el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la toma de decisiones. No es el caso de las compañías en las que, con mecanismos de discutible legalidad, el Gobierno se quedó con el control de paquetes de acciones minoritarios.
Sin embargo, un artículo de la misma ley, sancionada en 1992, permite a la Sigen proponer síndicos que integren los organismos de control de sociedades anónimas en las que el Estado tenga participación minoritaria. Pero esas empresas se continuarán rigiendo por la ley de sociedades anónimas y no por la que impone los controles de la Sigen y de la Auditoría General de la Nación, por lo tanto será su Asamblea de accionistas quien determine si los acepta o no.
Las prestadoras de servicios públicos, como Gas Natural Ban, parecen no tener más remedio que allanarse a las exigencias. El Gobierno ya les ha intervenido los negocios y hasta desplazado ejecutivos sin normas escritas o abiertamente en contra de ellas.
Otras, como Minetti y Siderar, se han allanado a que les designen los discutibles directores, pero se resistieron a los síndicos.
Sin embargo, en la contratara, hay empresas encantadas de haber recibido financiación de la Anses para reforzar su capital (Pampa Energía, Mercedes-Benz); para otorgar créditos (Banco Hipotecario); para poner en marcha proyectos que corrían peligro (General Motors) o para alquilarle al Estado una planta condenada al cierre (papelera Massuh), por citar las más relevantes.
Otras, en cambio, oscilan entre la preocupación y la alarma, cuando comprueban que el Estado les impone en forma inconsulta la designación de directores, invocando la tenencia unificada de acciones que la Anses heredó de las extintas AFJP
El dinero que gestionaban las ex Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión no era propiedad de las AFJP. Ese dinero era de millones de argentinos que confiaban en un régimen previsional por capitalización individual que consistía en intentar obtener un haber jubilatorio mayor a la miseria que paga el Estado Nacional (y que, además, requiere demandarlo para que, luego de varios años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación conceda el beneficio que, hasta entonces, le negara el Tesoro Nacional al beneficiario).
Algo que debe quedar claro es que el Gobierno no expropio las AFJP sino que expropió el dinero de millones de argentinos que, descreídos del sistema de reparto Estatal, ahorraban, concientes de la gran tajada que le sustraía el sistema privado, esperando obtener un mejor haber jubilatorio en el futuro.
El Gobierno pretende que la Administración Nacional de Seguridad Social preste el dinero que no es de la ANSeS -sino de los aportantes al sistema- a una tasa de interés caprichosa sin preguntarse cómo hará el Estado Nacional para garantizar que esos aportantes obtengan, el día de mañana, haberes jubilatorios dignos y no la miseria que paga el Estado.
No es con el dinero de los futuros jubilados conque se puede financiar el gasto social, que son fondos que no pertenecen al Estado Nacional ya que, en una correcta administración, éste debería resguardar esos recursos para cuando los aportantes lo precisen.
Para las escuelas, los hospitales, las comisarías, los cuarteles de bomberos, viviendas sociales y las infraestructuras que demandan los contribuyentes, hay un Presupuesto Nacional con partidas asignadas a partir de los ingresos impositivos.
Si el Estado precisa del dinero de la ANSeS para pagar hospitales, escuelas, viviendas sociales y comisarías, ¿a qué se está aplicando el dinero que ingresa a través de los impuestos tradicionales?
La inocultable impronta política que el Gobierno imprime a organismos técnicos también le cabe al ENRE, el ente regulador eléctrico cuyo titular acaba de prohibirle a Edesur el giro de utilidades a sus accionistas, sin otro respaldo jurídico que el envío de una carta admonitoria a la compañía, que en siete años no logró completar la renegociación de su contrato de concesión. La ley de emergencia económica ha tenido vigencia permanente en ese lapso.
Todo esto ocurre después de que el Gobierno también obligara de hecho a empresas de muchos sectores económicos a pedirle permiso, ya sea para exportar, importar, fijar precios, comprar divisas, remesar ganancias, ajustar planteles, recibir subsidios, transportar mercaderías y hasta organizar seminarios en los que podrían objetarse políticas oficiales.
No se deben olvidar los otros mecanismos de intromisión en la empresa privada que ha utilizado el gobierno presionando a algunas empresas para que vendan parte de su paquete accionario a “empresarios amigos” donde el caso más resonante es el de YPF y puede seguirlo Telecom donde ya ha entrado el grupo Werthein.
A mediano plazo, el problema es económico. Esta prática oficial es el camino para desalentar inversiones, que es lo que la Argentina más necesitará para reactivar su economía; y hasta sabotea el blanqueo impositivo, por la sencilla razón de que no suelen entrar capitales en los países que no los dejan salir.
Con todo esto, lejos de desactivar el conflicto con el campo, el matrimonio gobernante ha logrado sumar más sectores empresariales a la lista de los disconformes con su gestión
En los últimos seis meses, sucedieron la caída de los precios internacionales de los alimentos, la crisis económica y financiera internacional y la feroz sequía que afectó severamente la producción rural argentina. El campo argentino está muy mal, pero Kirchner lo ve sólo como un enemigo a batir.
El rencor no le permite advertir que, a pesar de la baja generalizada en los mercados internacionales, el precio de los alimentos es una de las pocas cosas que mantuvieron un nivel digno y hasta se revalorizaron en los últimos 45 días. Cualquier jefe político preocupado por su país intentaría un acuerdo rápido con los productores rurales para sacar a sus coterráneos rápidamente de la crisis internacional. Kirchner prefiere entreverarse en polémicas inútiles sobre una historia antigua, fabricada a la medida de su campaña electoral.
Hay quienes creen que el gobierno podría hacer lo mismo que el presidente Hugo Chávez con el sector empresario después de las elecciones. Pero algunos empresarios dicen que no es posible que eso pase: "Chávez ha tomado empresas y pagado por ellas; los Kirchner no tienen plata para hacerlo".
Pero el razonamiento no es tranquilizador; la conclusión es que pueden intentar quedarse con las compañías sin pagar por ellas. Al fin y al cabo, no hubo indemnización para los franceses, que se quedaron sin Aguas Argentinas. Ni siquiera ha habido inicio de un proceso de expropiación para Aerolíneas Argentinas, que es manejada por el Gobierno mientras Marsans sigue como propietario legal.
Tal como lo hacen la mayoría de las economías que prosperan en la globalización, hay que maximizar las oportunidades que brinda el comercio y, una vez que el país esté lanzado al crecimiento sostenido por esta vía, hay que redistribuir mediante instrumentos impositivos que no aborten las ganancias potenciales del comercio exterior.
La primera prioridad es liberar a la economía de controles, impuestos y restricciones a la exportación y a la importación no suntuaria.
Una regla debe quedar en claro: la igualdad ante la ley. A diferencia del efecto que producen los controles de precios, las retenciones o la protección arancelaria, los impuestos a las ganancias gravan por igual a quienes tienen rentas similares, sean productores agropecuarios, capitalistas industriales o profesionales exitosos.
Las intervenciones discriminatorias en el sistema de precios nunca deben ser usadas como instrumento distributivo. Los impuestos a la renta o a la propiedad son los que deben cumplir esa función. La estructura impositiva vigente grava el consumo y esto afecta a ricos y pobres por igual, aunque en proporción a sus ingresos los últimos se ven más perjudicados.
La política deberá consensuar la magnitud de la intervención distributiva, pero basada en instrumentos impositivos que igualen ante la ley y a través de programas de gasto que eviten el clientelismo y minimicen los incentivos perversos que generalmente tienen sobre el comportamiento de los beneficiarios. Habrá que revisar también una política inmigratoria que nos inunda de pobres de países vecinos, impide el aumento del salario no calificado, aumenta la marginalidad y la presión sobre los programas sociales.
Mientras tanto el Gobierno hace todo lo contrario y no encara con seriedad el único camino real para la redistribución efectiva de la riqueza que es la EDUCACIÓN. Hay que cambiar drásticamente la política educativa para darle oportunidades a los que hoy no las tienen y que de ese modo puedan acceder a trabajos mejor calificados y remunerados.
El interrogante para el 29 de junio podría expresarse como sigue: “No preguntes lo que los Kirchner quieren hacer con la economía, sino lo que la economía dejará hacer a los Kirchner”.
Las restricciones que impone la crisis internacional y los conflictos locales pendientes son de una envergadura tal que limitarán el margen de acción del matrimonio presidencial para comandar la política económica después de las elecciones.
Con menor holgura fiscal, la creatividad deberá estar a la orden del día para atravesar la crisis con un impacto lo más reducido posible sobre la actividad y el empleo. Una presión tributaria récord de 32% del PBI dejará poco espacio para aumentar los impuestos.
El conflicto agrario fue un punto de inflexión al que le siguió la crisis económica mundial y la estatización de las AFJP. El resultado del cóctel fue una fuerte disminución de la demanda de dinero y una fuga de capitales récord que, aunque amortiguado por las reservas y el ingreso de divisas de la época de bonanza pusieron en jaque la estabilidad cambiaria.
Tras los comicios, es probable que se sumen presiones para devaluar desde un diverso abanico ideológico de políticos y especialistas. El déficit de las provincias, que llegaría a $ 10.000 millones este año, tienta a los gobernadores a licuar sus pasivos en pesos con un alza del tipo de cambio: con la creación del Fondo Federal Solidario, la devaluación se traduce en un incremento de la coparticipación de retenciones a la soja.
Además, elevar el poder de fuego de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para financiar el gasto público puede requerir la venta de activos ilíquidos. La ANSeS heredó inversiones por $ 81.000 millones de las AFJP a los que sumó $ 20.000 millones de ahorro propio generado en la época de bonanza. Sin embargo, las inversiones incluyen $ 50.000 millones en títulos públicos, $ 9.000 millones en préstamos garantizados y Letras del Tesoro y $ 7.500 millones en acciones locales. Todos recursos inhabilitados para hacer política anticíclica sin afectar el mercado de capitales.
De alguna manera debe cambiarse este rumbo si es que la Argentina pretende un futuro mejor.
Fuente:Ing. Nilo Diaz
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