Transición

Martes, 22 de Septiembre de 2009 04:35

Nación - Como vienen las cosas, lo más probable es que de aquí en más los jueces se vuelvan los principales administradores de conflictos en el país, al menos hasta que se forme un nuevo gobierno capaz de reemplazarlos en ese rol.

Se ha visto que el Ejecutivo no tiene ningún interés en resolver problemas, más bien lo tiene en agravar los existentes y generar otros nuevos.

De lograr que se apruebe la ley de servicios audiovisuales pasará al siguiente punto de su agenda, la ley de internas abiertas obligatorias y la de limitación de la propaganda política en los medios audiovisuales. Que guardan con la anterior, en los términos en que han sido formuladas, un significativo aire de familia: las tres se han concebido como instrumentos para quitarle poder y libertades a los demás actores, para retener lo máximo posible los propios.

Para ilustrar el punto: de prohibirse las campañas pagas en los medios, como pretenden los Kirchner, sólo los oficialismos de turno podrán, vía las pautas de publicidad institucional que manejan, hacerse oír; ¿qué mejor garantía de que ningún adversario con recursos tenga otra vez la pretensión y las chances de derrotarlos?

En la eventualidad de que el actual Congreso aprobara estos proyectos, el resultado será semejante en los tres casos: los afectados, que serán muchos y muy variados, reclamarán a los jueces por su inconstitucionalidad, y entonces no sólo quién y cómo nos cuente lo que pasa en el país, sino quién tenga derecho a siquiera invertir en una proclama para decir lo suyo, quién pueda armar listas electorales y presentar candidatos, dependerá de los tribunales.

Hay quienes en la oposición se ilusionan con poder hacer del nuevo Congreso, a partir de diciembre de este año, la gran casa de la democracia y el instrumento para un reequilibrio del poder. Pero habrá considerables obstáculos para que algo así se concrete.

Los kirchneristas ya están prevenidos de que “todo lo que ahora le hagamos a la oposición ella querrá devolvérnoslo a partir del 10 de diciembre”, y buscarán bloquear sus iniciativas, aun al precio de que el Parlamento deje de funcionar.

El peor escenario para el oficialismo sería uno en que los grupos opositores se coaligaran para desplazarlo de los cargos más importantes de las cámaras, sus presidencias, secretarías, la conducción de las principales comisiones, etc.

Una operación en este sentido ya estaría en marcha, pero es poco probable que logre su cometido, y aun en caso de avances en esa dirección, el Ejecutivo podría recurrir a vetos y a decretos de necesidad y urgencia en todos aquellos asuntos que no logre hacer pasar por el Congreso o no le plazca el modo en que éste decida.

De nuevo, el resultado previsible será la derivación de disputas recurrentes entre estos dos poderes al tercero, la Justicia.
Y existe aun un tercer camino a través del cual los conflictos políticos y sectoriales se judicializarán: como sucede siempre en los períodos de declive de un gobierno, se incrementan tanto la propensión de los funcionarios y dirigentes a sacar el máximo provecho personal del ejercicio de sus cargos, como la de sus colegas, subordinados y aspirantes a reemplazarlos, a denunciarlos.

La etapa kirchnerista, como se sabe, no ha sido tan generosa en escándalos como la menemista, pero por lo que también se sabe, o se intuye, ello no se debe tanto a su mayor frugalidad como a la mayor discreción impuesta desde el vértice político, cuando él era o parecía ser todopoderoso.

Ahora que esta autoridad se va debilitando, es razonable esperar un síndrome tipo “destape de la olla a presión”. Algo de esto se está viendo ya en el caso de los medicamentos truchos y las obras sociales, cuyas ramificaciones con el financiamiento de la campaña oficial de 2007 no será fácil acallar, y se vio antes ya con las declaraciones juradas del matrimonio presidencial, cuya sinceridad sólo puede explicarse por una in ubicua omnipotencia, o por el apuro por blanquear parcialmente una situación más grave, y desactivar así una bomba de tiempo.

Como sea, también en estos asuntos serán los jueces los que adquirirán un rol protagónico, y tendrán la última palabra sobre conflictos eminentemente políticos.

Cuando eso suceda, tal vez los Kirchner terminen de arrepentirse de la que fuera su primera, más audaz y sin duda más progresista reforma institucional, la que permitió la formación de una Corte Suprema honesta e independiente como no había en Argentina desde 1990 a esta parte. (por Marcos Novaro)
Publicado en El Economista

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